Baleares, el peor infierno fiscal de España

Baleares se ha convertido en el peor infierno fiscal de España. Esta es la conclusión a la que han llegado tres de los mayores expertos en política tributaria de España como José Félix Sanz, Santiago Álvarez y Desiderio Romero que, en Los impuestos en España: índices de presión y sacrificio territorializados, sitúan a Baleares como la comunidad que realiza el mayor sacrificio fiscal de toda España. En lugar de acudir al impreciso concepto de la presión fiscal para medir nuestro esfuerzo fiscal, estos expertos aplican el índice de sacrificio fiscal de Richard Bird, un indicador que mide mejor que la presión fiscal el esfuerzo fiscal de los contribuyentes en relación a su renta per cápita y tamaño poblacional.

Si normalizamos los índices de sacrificio fiscal al máximo (100 puntos), Baleares (100 puntos) lidera el ranking por delante de Cantabria (92), Cataluña (89) y Madrid (87). En la cola, Extremadura (76), Galicia (71) y Canarias (55), siempre según este estudio, serían las regiones donde sus contribuyentes realizarían el menor sacrificio fiscal. Como vemos, Madrid, que ocupa el cuarto lugar, tampoco es el “paraíso fiscal” que se inventan socialistas como Francina Armengol o los separatistas catalanes para suplicar al Gobierno de Pedro Sánchez a acometer una “armonización fiscal” que se traduzca en una subida de impuestos autonómicos que la listilla de Armengol se resiste a llevar a cabo ella misma por evidentes motivos electorales.

Dado que una parte importante de la carga fiscal que sufren los baleares es de normativa autonómica, una parte nada desdeñable de la responsabilidad de habernos convertido en el peor infierno fiscal de España recae en Armengol y en las dos últimas consejeras de la hacienda balear, Catalina Cladera y Rosario Sánchez. En efecto, el margen de maniobra del Govern para crear nuevos tributos propios (como el de estancias turísticas o el canon sobre el vertido y la incineración), así como para cambiar tipos, gravámenes y deducciones de los impuestos cedidos por el Estado es amplísimo. Impuestos cedidos como los de donaciones y sucesiones, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, juego o patrimonio. También depende del Govern el tramo autonómico del IRPF y las deducciones asociadas a este impuesto.

En los primeros presupuestos del tripartito balear de 2016 (ley 12/2015),Cati Cladera ejecutó una subida de impuestos que revertía parcialmente la reforma fiscal a la baja de José Ramón Bauzá en su último año (ley 12/2014). Esta subida fiscal afectaba sobre todo a las rentas más altas en la línea de hacer más progresiva la fiscalidad balear, santo y seña del socialismo. Se rebajaba de 800.000 a 700.000 euros el mínimo exento para evitar el pago del impuesto de patrimonio. Al mismo tiempo, se incrementaba sustancialmente la tarifa en todos los tramos, especialmente para los patrimonios más elevados. En cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), el Govern de Armengol creaba un nuevo tramo para la compraventa de inmuebles con un valor superior al millón de euros que pasaban a tributar al 11% en vez de hacerlo al 10% anterior.

Rosario Sánchez acaba de presentar el anteproyecto de presupuestos de 2022 que elevan este tipo del 11% al 11.5%. En cuanto al impuesto sobre sucesiones, las herencias de padres a hijos y cónyuge seguirían tributando al 1% pero sólo hasta bases liquidables de 700.000 euros. Se creaban nuevos tramos más allá de los 700.000, 1.000.000, 2.000.000 y 3.000.000 euros con tipos del 8%, 11%, 15% y 20%, respectivamente.

En relación al Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF), se incluían cuatro tramos más para bases por encima de 70.000 euros, 90.000 euros, 120.000 euros y 175.000 euros con tipos del 22%, 23%, 24% y 25%, respectivamente. De tener cinco tramos pasábamos a tener nueve, uno de los IRPF más progresivos de toda España. Este tipo máximo del 25% es de los más altos de toda España, sobre todo si lo comparamos con el 20.5% de la autonomía madrileña.

Rosario Sánchez suprimía como deducción los seguros de salud privados. Más adelante se crearía un nuevo impuesto, el turístico, que, como estamos viendo estos días, tanto vale para un roto como para un descosido siempre que sea para algún medio de comunicación amigo. Ya saben, la tradicional caja única de la que han alardeado tantas veces los consejeros de hacienda socialistas.

Como vemos, poco han hecho Cati Cladera y Rosario Sánchez para aliviar el esfuerzo fiscal de los baleares. Recordemos el pertinaz rechazo de Armengol a rebajar los impuestos autonómicos una y otra vez, incluso cuando el otrora líder del PP, Gabriel Company, estaba dispuesto a cambio a apoyarle unos presupuestos que rompían año tras año el techo de gasto anterior. O el reciente rechazo de los senadores socialistas Cosme Bonet y Susana Moll a tramitar la vertiente tributaria del Régimen Especial de Baleares (REB) que supondría recortes fiscales para las empresas.

No quiero eximir al Gobierno de Pedro Sánchez de la voracidad fiscal que sufrimos, nada más lejos de mis intenciones, lo que quiero dar a entender es que Madrid no está solo a la hora de saquearnos sin piedad. Lo que muchos ciudadanos ignoran, enredados por la propaganda de la mayoría de los medios de comunicación, es que cuando Armengol, Melià, Campomar o Prohens reclaman una mejora de la financiación autonómica a Madrid, indirecta y sibilinamente nos están pidiendo a todos los baleares pagar más impuestos. El señuelo consiste en dar la culpa a Madrid para meter mano en nuestra cartera. Hace escasos días, la ministra María Jesús Montero advertía de que un cambio de modelo en la financiación autonómica debe ir “acompasado” de una reforma fiscal. Al alza, por supuesto. Traducido del lenguaje politiqués: si no hay consenso para una subida fiscal con el PP y las autonomías, no habrá cambio de modelo. Así de claro.

El “Madrid, me mata” no es más que una añagaza sutil para colectivizarnos a todos los baleares en el papel de víctimas, para que veamos a Madrid como el culpable de nuestras estrecheces financieras y del saqueo fiscal. Como si fuéramos víctimas de la voracidad fiscal y el poco retorno de un Gobierno central que “nos quita mucho y nos da poco a cambio”. La verdad, sin embargo, es que los baleares, si somos víctimas de alguien, lo somos, ¡también! y me atrevería a decir ¡sobre todo!, de la clase política local. Una casta local que diluye sus responsabilidades recaudatorias en señuelos como la “injusta” financiación autonómica, la balanza fiscal negativa de Baleares o las “pocas” inversiones del Estado en el archipiélago balear.

Mientras se perciba a las autonomías como centrales de gasto y a Madrid como a un padrastro recaudador, los políticos baleares podrán esconder sus vergüenzas debajo de las faldas del gobierno central.

Mientras no exista corresponsabilidad fiscal, es decir, mientras Baleares y Madrid no respondan ante la opinión pública en igualdad de condiciones por las subidas y bajadas de impuestos, la propaganda de y desde Baleares seguirá cultivando un relato falaz pero sumamente efectivo: los políticos autonómicos son espléndidos y generosos con nosotros mientras los de Madrid nos desprecian y humillan. Nada más lejos de la realidad, como vemos.